Durante una sesión con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, un funcionario del Tesoro de EE.UU. ha expresado su profunda preocupación por el nefasto uso de las criptomonedas para facilitar actividades financieras ilícitas. En un intento de reforzar sus esfuerzos contra los actores maliciosos, el funcionario abogó por un aumento de su autoridad. Este temor se puso de manifiesto en un testimonio presentado antes de una audiencia crucial del Congreso prevista para el 14 de febrero.
En los pasillos de la agencia se hace un clamoroso llamamiento en favor de marcos legislativos más sólidos y mecanismos de apoyo reforzados para combatir eficazmente estos retos emergentes. Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, subrayó este llamamiento en su meticulosamente elaborada declaración preparada para la mencionada investigación del Congreso sobre terrorismo y delitos relacionados con la criptomoneda.
La apasionada petición de Nelson encuentra resonancia en medio del creciente interés de los responsables políticos de Washington, entre los que destaca la senadora Elizabeth Warren, que ha defendido fervientemente su propuesta de legislación contra el blanqueo de capitales. La Ley contra el Blanqueo de Activos Digitales (DAAMLA, por sus siglas en inglés), que la senadora Warren reintrodujo en el Senado de EE.UU. en julio de 2023, apunta directamente a frenar la explotación ilícita de los criptoactivos para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Al tiempo que reconocía el compromiso del Tesoro desde hace una década con la creación de un marco orientado a frustrar la financiación del terrorismo, Nelson reiteró el imperativo de fomentar al mismo tiempo la innovación responsable. Así lo reiteró en su testimonio preparado anteriormente.
Además, el arsenal del Tesoro no está totalmente desprovisto de herramientas para abordar estas cuestiones. Medidas como responsabilizar a las empresas incumplidoras en virtud de la Ley de Secreto Bancario han sido decisivas. Esta ley impone obligaciones estrictas a las instituciones financieras, con el fin de impedir el blanqueo de capitales y los delitos financieros conexos. Nelson afirmó:
“… para erradicar la financiación ilícita por parte de los agentes de los mercados y foros de activos virtuales, necesitamos herramientas y recursos adicionales. Por eso estamos deseosos de trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para adecuarlas a la evolución de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día.”
En un intento por reforzar sus capacidades, el Departamento del Tesoro había presentado sugerencias a los legisladores en 2023, abogando por una mayor autoridad, incluida la introducción de nuevos mecanismos de sanciones adaptados al ámbito de las criptomonedas. Además, se hizo hincapié en una mayor supervisión de las stablecoins, aunque no se mencionó explícitamente en el testimonio de Nelson.
Las declaraciones de Nelson se producen poco después de la reciente publicación de las Evaluaciones de Riesgo Nacional 2024 del Tesoro sobre Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación. Estas evaluaciones delinearon las amenazas y riesgos inminentes asociados con las finanzas ilícitas dentro de los Estados Unidos, con un enfoque específico en el sector de las criptomonedas. En particular, aunque el efectivo tradicional sigue siendo el principal medio para el blanqueo de drogas, se observa un aumento de los agentes malintencionados que recurren a los activos virtuales.
Con este telón de fondo, el panel de activos digitales del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes está a punto de convocar una audiencia específica el 15 de febrero, dedicada exclusivamente a la interacción entre las criptomonedas y las actividades ilícitas, lo que supone un esfuerzo concertado para hacer frente a estos crecientes desafíos.