Kraken, una importante bolsa de criptomonedas con sede en EE.UU. conocida por su compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, está reforzando su supervisión de las transacciones de monederos de autocustodia. La bolsa ha anunciado su intención de aumentar el escrutinio sobre las transacciones que implican monederos de autocustodia que se han comprometido con las direcciones de la bolsa en el Reino Unido.
Esta decisión, revelada en un correo electrónico compartido en X por James Van Straten, un respetado analista de Cryptoslate, subraya la dedicación de Kraken a la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
Según el correo electrónico enviado a un destinatario no revelado, Kraken cita las regulaciones del Reino Unido que obligan a mantener información actualizada y completa de los clientes, en particular sobre la actividad de sus cuentas con monederos de autocustodia. Estos monederos, en los que la propiedad y el control de las claves privadas recaen exclusivamente en el propietario, presentan retos únicos en términos de cumplimiento y seguridad.
El correo electrónico, validado como auténtico, describe los requisitos de Kraken para verificar la propiedad de los monederos de autocustodia que participan en transacciones con la bolsa. Por el contrario, si estos monederos de autocustodia no están bajo el control directo del cliente, Kraken exige que se revelen los nombres y las direcciones residenciales de quienes gestionan estos monederos.
Además, la bolsa ha fijado el 13 de febrero como fecha límite para la presentación de esta información. En caso contrario, se bloqueará la cuenta en cuestión, lo que supone un ultimátum para el cliente no identificado.
Cris Carrascosa, abogado especializado en criptodivisas, se hace eco de estos sentimientos, señalando la posible extensión de este tipo de normativas a toda la Unión Europea (UE), cuya entrada en vigor está prevista para el 30 de diciembre del próximo año.
Esta normativa, recogida en el Reglamento (UE) 2023/1113, comúnmente conocido como Reglamento sobre transferencia de fondos (RFT), establece requisitos uniformes en materia de datos para las transacciones facilitadas por proveedores de servicios dentro de la UE.
La aplicación de estas medidas subraya los esfuerzos reguladores para aumentar la transparencia y mitigar los riesgos asociados a las transacciones de criptomoneda en todo el panorama económico europeo.