¡Un juez estadounidense condena a FTX y Alameda a pagar $12.700 millones!
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Escrito por
Yana Levkovich - Actualizado 2024-09-10 08:48:47
Un juez de Nueva York ha dado el miércoles su aprobación oficial a una orden de consentimiento que pone fin a un pleito de 20 meses presentado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Esta orden obliga a la desaparecida bolsa de criptomonedas FTX y a la empresa comercial Alameda Research a pagar 12.700 millones de dólares a sus acreedores. El juez de distrito de los Estados Unidos Peter Castel concedió esta aprobación el 7 de agosto, según consta en una presentación judicial.
La orden de consentimiento no impone sanciones civiles a FTX y Alameda. Sin embargo, prohíbe a ambas entidades participar en el comercio de activos digitales y actuar como intermediarios en el mercado de activos digitales. Esta prohibición es significativa dado que Alameda fue en su día un actor importante en el mercado de criptomonedas.
FTX se declaró en quiebra a finales de 2022, lo que supuso la pérdida de miles de millones de dólares para los inversores. En respuesta, la CFTC inició una demanda contra FTX y Alameda, alegando que ambas entidades participaron en actividades fraudulentas e hicieron declaraciones falsas al promocionar FTX como una plataforma fiable de activos digitales de materias primas.
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y Alameda, fue condenado en marzo a 25 años de prisión. También se le ordenó renunciar a 11.000 millones de dólares. Esta sentencia se produjo tras ser declarado culpable de siete cargos, entre ellos fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
Los problemas legales de Bankman-Fried y la caída de FTX han sido seguidos de cerca por el sector de las criptomonedas, poniendo de relieve los riesgos y los retos normativos de este mercado en rápida evolución.
El caso ha llamado poderosamente la atención sobre el panorama normativo de los activos digitales, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Las acciones de la CFTC contra FTX y Alameda sirven de advertencia a otras empresas del sector sobre las graves consecuencias de infringir la normativa del mercado.
El resultado de este caso puede dar lugar a una supervisión reguladora más estricta y a medidas coercitivas más rigurosas en el futuro, ya que los reguladores tratan de proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado.
